Yosi Guaiteo 02/09/03
Unos 300 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos injustamente del Instituto de Vialidad Regional del Estado Carabobo, INVIAL, en el año 2001, exigen al primer mandatario regional, Enrique Salas Feo el pago inmediato de sus prestaciones sociales, las autoridades de este organismo dependiente de la Gobernación del Estado Carabobo aseguran que no cuenta con los recursos necesarios para la cancelar dicha deuda.
La denuncia fue hecha por Lisla Ramona Sánchez, una de las afectadas por esta medida quien aseguró que la misma forma parte de una persecución política, en contra de quienes apoyan al presidente Chávez, o no están satisfechos con la gestión del actual Gobernador del Estado Carabobo. Aclaró que después de los despidos masivos, INVIAL contrató a 300 nuevos empleados, que actualmente desempeñan las mismas labores que ellos venían realizando.
Entre los despedidos se encuentran cajeros, tesoreros y supervisores de estación con más de cinco años de servicio, aseguró Sánchez quien se mostró sorprendida por las declaraciones de Las autoridades de INVIAL que han señalado no contar con los recursos necesario para la cancelación de sus prestaciones, esto a pesar de que diariamente este organismo percibe millones de bolívares por la administración de los peajes y la vialidad en el Estado Carabobo.
El año pasado estas personas iniciaron acciones legales contra INVIAL, exigiendo la incorporación a sus puestos de trabajo y el pago inmediato de sus prestaciones, hasta la fecha el Tribunal Contenciosos Administrativo del Estado Carabobo ha fallado en contra de 50 de los trabajadores despedidos. Por lo que solicitan la intervención de la Ministra del Trabajo María Cristina Iglesia en este caso.
Dijo Lisla Sánchez que mientras el Gobernador Enrique Salas Feo, exige al Presidente de la República la reincorporación de los extrabajadores de PDVSA que participaron en el sabotaje petrolero, lanza a la calle a cientos de padres y madres de familia que cumplieron con su trabajo sin cancelar sus prestaciones.
Ya para finalizar, destacó que ante la censura de la que han sido víctimas por parte de algunos medios de comunicación de la región, acudirán en los próximos días al canal del estado para denunciar a todo el país esta irregularidad que afecta mas de 2500 personas de escasos recursos.
La denuncia fue hecha por Lisla Ramona Sánchez, una de las afectadas por esta medida quien aseguró que la misma forma parte de una persecución política, en contra de quienes apoyan al presidente Chávez, o no están satisfechos con la gestión del actual Gobernador del Estado Carabobo. Aclaró que después de los despidos masivos, INVIAL contrató a 300 nuevos empleados, que actualmente desempeñan las mismas labores que ellos venían realizando.
Entre los despedidos se encuentran cajeros, tesoreros y supervisores de estación con más de cinco años de servicio, aseguró Sánchez quien se mostró sorprendida por las declaraciones de Las autoridades de INVIAL que han señalado no contar con los recursos necesario para la cancelación de sus prestaciones, esto a pesar de que diariamente este organismo percibe millones de bolívares por la administración de los peajes y la vialidad en el Estado Carabobo.
El año pasado estas personas iniciaron acciones legales contra INVIAL, exigiendo la incorporación a sus puestos de trabajo y el pago inmediato de sus prestaciones, hasta la fecha el Tribunal Contenciosos Administrativo del Estado Carabobo ha fallado en contra de 50 de los trabajadores despedidos. Por lo que solicitan la intervención de la Ministra del Trabajo María Cristina Iglesia en este caso.
Dijo Lisla Sánchez que mientras el Gobernador Enrique Salas Feo, exige al Presidente de la República la reincorporación de los extrabajadores de PDVSA que participaron en el sabotaje petrolero, lanza a la calle a cientos de padres y madres de familia que cumplieron con su trabajo sin cancelar sus prestaciones.
Ya para finalizar, destacó que ante la censura de la que han sido víctimas por parte de algunos medios de comunicación de la región, acudirán en los próximos días al canal del estado para denunciar a todo el país esta irregularidad que afecta mas de 2500 personas de escasos recursos.
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